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Por Rolando Pérez

El proceso electoral peruano vuelve a colocar en el ojo público la participación de líderes evangélicos en la vida política del país. Seis de los partidos políticos que participan de la actual contienda electoral han convocado para sus listas parlamentarias a líderes de filiación evangélica. La mayoría de estos líderes son convocados bajo la aun creencia de aquel mito del “voto evangélico militante”.

La comparación con lo ocurrido en la contienda electoral de 1990 es inevitable. En aquel proceso, el partido Cambio 90, liderado por el expresidente Alberto Fujimori, incluyó en su lista parlamentaria a varios líderes y pastores evangélicos. Como resultado, fueron elegidos 19 ciudadanos evangélicos, entre senadores y diputados. Posteriormente, en 1995 se registraron cinco representantes en el Congreso; en el 2000, solo uno; en el 2001, tres; en el 2006 y en el 2011, cuatro.

Sin embargo, a diferencia de la irrupción evangélica de los 90 que estuvo marcada por una suerte de reivindicación confesional por el cual los líderes de entonces entran a la arena política para contrarrestar el histórico poder hegemónico católico, el discurso y la agenda de la mayoría de los políticos evangélicos que ingresan hoy a la arena política electoral está conectada con la cruzada que lideran influyentes grupos y movimientos religiosos conservadores y fundamentalistas que promueven, y defienden principalmente aquellas ideas que reafirman la unión entre Estado e Iglesia, y la oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo y la despenalización del aborto.

“He asumido ante Dios y la patria el compromiso de seguir defendiendo los principios y valores en defensa de la vida, para que no se instaure una cultura de muerte a través del aborto de inocentes”, escribió recientemente, en su cuenta de Twitter, el pastor Julio Rosas, uno de los congresistas evangélicos que postula para la reelección en la lista del candidato presidencial Cesar Acuña, quien ha sido cuestionado por su implicancia en hechos moralmente controvertidos.

Varios analistas de la coyuntura han evaluado críticamente la participación de estos líderes evangélicos debido a que el debate electoral ha girado precisamente en torno la importancia de la reputación ética y la solvencia moral que deberían tener los aspirantes al poder ejecutivo y al parlamento. Esto a raíz del develamiento de casos alarmantes en el que varios de los candidatos están involucrados en hechos de violación de derechos humanos, violencia intrafamiliar, plagios, corrupción, abuso sexual, etc.

En este contexto, los analistas han observado el silencio y la complicidad de los “pastores moralizadores de la política” ante denuncias que pesan sobre los principales candidatos.

“….Y lo del pastor Humberto Lay, falso santón del Congreso, es grotesco: incluso ha comprometido a su grey evangélica pasando por aguas tibias los pecados más públicos de Acuña”, comenta un analista del influyente diario El Comercio.

Pero, así como el debate revela el rostro público de un sector crítico al fundamentalismo político-religioso, también da cuenta de una clase política conservadora que reafirma su matrimonio con estos grupos que inciden cada vez en las políticas públicas desde su etnocéntrica agenda religiosa. Esta alianza electoral no pasa hoy solo por la capitalización del voto evangélico –que fue un factor importante en elecciones pasadas –, sino también por la coincidencia del modelo de desarrollo y el horizonte ético desde el cual se concibe y se sume la gestión pública.

En ese sentido, lo que observamos es que la alianza entre estos grupos evangélicos y movimientos políticos que entran a la contienda electoral se sostiene no solo la misma comprensión de la ética en la acción política, sino también en las estrategias comunes para apropiarse del poder.

Por un lado, aquellos que están en la vereda política activa necesitan de los “rostros pastorales” y del discurso de los “predicadores de la moral religiosa” para ocultar sus responsabilidades éticas respecto a los actos de corrupción, violación de los derechos humanos o la aplicación de modelos económicos que atentan contra la vida. Por su parte, aquellos que están en la frontera religiosa necesitan la plataforma y la estructura política no sólo para empoderarse en la esfera pública, sino también para influir desde su cosmovisión moral en las instancias desde donde se gestionan las políticas públicas.

Por otro lado, ambos coinciden en la necesidad de instaurar desde el Estado un determinado orden regulador de la moral pública. Esta cosmovisión religiosa alimenta una particular forma de entender la práctica ciudadana y la construcción del poder en una sociedad democrática. Se trata de un proyecto que se sostiene en la cultura ciudadana del tutelaje político-religioso, que pone evidentemente en cuestión valores centrales de la democracia y ningunea claramente el carácter laico del Estado.

Finalmente, la coyuntura electoral peruana da cuenta que la cada vez más activa e influyente presencia pública y política de los grupos vinculados al conservadurismo evangélico está generando no solo reacciones contestatarias desde el interior de la comunidad evangélica y católica que reclaman opciones religiosas más ecuménicas y ciudadanas en la arena política, sino también un amplio debate sobre las implicancias de los proyectos religiosos y políticos fundamentalistas en la gestión de la cosa pública, en un contexto en el que un amplio sector de la ciudadanía demanda propuestas policías que afirmen la igualdad de derechos y construcción de modelos de desarrollo más inclusivos.

En este contexto, el debate sobre la laicidad del Estado puede empezar a cobrar nuevos sentidos y plantear nuevas demandas. Este debate será crucial para el próximo quinquenio y se prevé un dialogo mucho más intenso entre fundamentalistas y progresistas, no solo en términos de la cuota de presencia de las representaciones religiosas en la política o la importancia de que la voz de los actores religiosos no católicos sea valorada y legitimada en el espacio público, sino también y fundamentalmente en relación con el sentido ético-político y los modelos de desarrollo que traen consigo determinados proyectos políticos que provienen del conservadurismo religioso (evangélico y católico), en tanto que pueden tener un nivel de incidencia en las políticas públicas.

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